Los accionistas de Aerolíneas Argentinas se encuentran reunidos hoy para decidir la aprobación de los balances correspondientes a 2007 y 2008 y entregar al Gobierno argentino la evaluación de los activos de la empresa y de su controlada Austral, ambas propiedad de Marsans y que el grupo español valora entre los 250 millones de dólares y 450 millones de dólares, como parte del trabajo proceso de venta.
Precisamente, hoy vence el acta de acuerdo para la venta firmada por el grupo español y el gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, por la cual se acordó la venta de las dos empresas al Estado argentino y la designación de un director general en representación del Gobierno.
El grupo Marsans presentó anoche la evaluación de Aerolíneas y Austral que le encargó al banco Credit Suisse y que no establece un precio único sino una horquilla de entre 250 y 450 millones de euros por el total de las acciones de las dos empresas.
En el acta firmada se estableció que cada parte realizaría una auditoría sobre el valor de las compañías y, en caso de no llegarse a un acuerdo, se pediría la evaluación de un tercero, acudiendo a un tasador independiente, para determinar el valor de venta de las dos empresas que controlan el 80% del mercado doméstico.
Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró hoy que el Gobierno no está dispuesto a poner dinero para quedarse con las acciones y aseguró que la evaluación del Tribunal de Tasaciones es diametralmente opuesta y da "un saldo negativo de 600 millones de dólares (439,4 millones de euros)".
"Si no se llega a un acuerdo, se tendría que llamar a un evaluador de reconocida trayectoria internacional y ese precio será inapelable", señaló el portavoz de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina, al recordar lo estipulado en el acta acuerdo.
LOS SINDICATOS RECLAMAN EL ACUERDO.
Mientras los accionistas se reunían para aprobar los dos últimos balances, cuestionados por los directores que representan al Gobierno argentino, militantes de sindicatos se manifestaban en las puertas del edificio de la empresa para reclamar un acuerdo con el Estado.
El diputado socialista Ariel Basteiro, ex representante del Estado en el directorio de Aerolíneas, admitió que "hay muchísimas posturas y diferencias entre el precio" y sostuvo que "Marsans no puede gestionar la compañía porque el Estado tuvo que aplicar un salvataje".
"Vamos a una expropiación y de la peor manera", advirtió a su vez el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. "Por el cumplimiento del acta que han firmado el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, se dan dos evaluaciones y llegamos a una situación de una gran precariedad jurídica. Esto termina en una expropiación, pero con un frente abierto para que Marsans nos realice juicio como quiera", señaló Basterio a Radio Mitre.
